El Tribunal omite referirse a las exigencias legales y reglamentarias que debía cumplir el triciclo y su conductor, quien también debía estar atento a las condiciones del tránsito, como también hacerse cargo de que el hermano de la víctima reconoce que había estado tomando durante la tarde con su hermano fallecido en el accidente, entre otras omisiones.

La Historia de la Ley Nº21.594 revela que se incorporó al Código Penal el artículo 304 ter con la finalidad de tipificar y sancionar como delito la tenencia de elementos o medios tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior, y no como una contravención administrativa de las normas internas de disciplina del establecimiento.

El acusado puso todo lo necesario de su parte para la consumación del delito, atendida la forma en que ocurrieron los hechos, los elementos con los cuales se atacó a la víctima y los lugares donde se dirigieron las agresiones, sin que sea relevante que esa acción homicida no haya seguido adelante hasta la misma muerte de la víctima, lo que no se consumó porque la ofendida logró huir de su agresor.

El artículo 159 del Código Procesal Penal señala que pueden anularse las actuaciones judiciales defectuosas que originen un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad, cuyo es el caso. Resolver si debe otorgarse a la acusada la libertad vigilada intensiva exige ponderar todos los antecedentes aportados al debate, y a esta Corte sólo le corresponde resolver al respecto como tribunal de segunda instancia, y no en única, como lo sería si fallara sobre el fondo de lo solicitado en el recurso de apelación.

No se configura vulneración al principio de irretroactividad de la ley penal dado que, si bien, los delitos que han sido considerados fueron cometidos con anterioridad a la vigencia del artículo 196 del Código Penal, cuando el encartado comete el delito que dio origen a la presente causa, ya tenía pleno conocimiento de los efectos de incurrir en la conducta típica, refiere el voto en contra.

Si bien, la sentenciadora razona adecuadamente respecto de la participación del imputado en los hechos del requerimiento, no sucede lo mismo respecto de un elemento del tipo penal.

Al no existir certeza sobre lo qué expresó cada testigo, en qué forma, ni en qué contexto y circunstancias ocurrieron los hechos, no es factible en la práctica verificar si éstos se encuentran encaminados en el sentido que indica el tribunal.

El interés que claramente persiguió la coacusada fue configurar una atenuante para mejorar su posición procesal, lo que efectivamente terminó consiguiendo gracias a la benevolencia del Fiscal que solicitó de manera inusual una rebaja en dos grados de la pena, exclusivamente por involucrar en los hechos al coacusado.

Resulta un error exigir a cada testimonio individual el cumplimiento del estándar probatorio de la duda razonable, contemplado en el artículo 340 del mismo Código, para dotar de valor a las evidencias.

El plazo de años para los efectos de la edad, se inicia y termina con el día del mismo número de sus respectivos meses, por lo que los quince años del acusado, alcanzan al día en que cometió los delitos por los cuales se le condena.